Tras una tensa audiencia, la Cámara Casación decide si el atentado contra el comedor de la Policía Federal fue un delito de lesa humanidad

En una tensa audiencia celebrada en los tribunales de Comodoro Py, defensores y querellantes se cruzaron con dureza por la decisión de la Cámara Federal de reabrir la investigación por la voladura del comedor de Coordinación de la Policía Federal, el atentado de julio de 1976 que dejó 24 muertos y más de un centenar de heridos, perpetrado.

Así la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar quedó ahora en condiciones de resolver si confirma la reapertura o si vuelve a cerrar un expediente que para las víctimas fue un crimen de lesa humanidad.

El primero en tomar la palabra fue Gustavo Maradini Drago, abogado del exlíder montonero Mario Firmenich, quien cuestionó la validez de volver sobre un expediente y afirmó, “quince magistrados, entre fiscales, jueces de primera instancia, de Cámara, de Casación y ministros de la Corte, ya consideraron prescripto por ausencia de participación estatal” el sangriento atentado en que se usó una bomba tipo vietnamita.

Maradini Drago insistió además en que “la organización a la que se le atribuye este hecho nunca tuvo control territorial de ninguna porción del Estado argentino”, como para ser considerado un Estado.

Sus palabras desataron una mezcla de abucheos y aplausos de las más de 40 personas que colmaron la sala de Comodoro Py, agitando fotos, pancartas y consignas en favor y en contra de la reapertura.

Antes de él había expuesto la dirigente de izquierda y abogada Myriam Bregman, representante de Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, uno de los señalados históricamente como autor intelectual del atentado junto a Horacio Verbitsky. Bregman enmarcó el fallo de la Cámara Federal en lo que describió como una “batalla cultural” impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y apuntó directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en 2009 se presentó en la causa como “amiga del tribunal”. Arturo Larrabure, hijo del coronel asesinado por el ERP, criticó el rol de Miriam Bregman como abogada de uno de los acusados

Cada intervención obligaba al presidente de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, a reiterar pedidos de silencio en un ambiente crispado. “Es una causa que los sectores negacionistas han intentado reabrir durante 22 años”, acusó Bregman. Y añadió: “Ahora creen que tienen un contexto favorable para mancillar la lucha por la memoria, buscando la impunidad de los genocidas”.

Luego fue el turno del defensor oficial Santiago Martínez, quien representa a un grupo de imputados alcanzados por la reapertura. Describió el hecho como “un atentado que no configura un agravio a los derechos humanos, ni un crimen internacional, ni de lesa humanidad”. También advirtió que volver a indagar “cincuenta años después y veintidós años más tarde de la denuncia original” viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

La querella, conectada por Zoom, defendió en cambio la decisión de la Cámara. La abogada de Justicia y Concordia, Laura Olea, sostuvo que “no es posible afirmar que una bomba que se llevó dos decenas de vidas y dejó más de cien heridos y mutilados no constituya una violación grave a los derechos humanos”. Y completó: “Negarlo choca contra el sentido común y el sentido natural de la Justicia”.

Olea contextualizó el ataque en la lógica de la guerra fría, señalando que la Argentina atravesó “una guerra revolucionaria”, y lo vinculó con los “21.000 atentados cometidos por organizaciones terroristas” durante ese período.

La siguió Ricardo Saint Jean, también abogado de la organización, quien afirmó que Montoneros recibió financiamiento de Cuba y otros “estados extranjeros”, como elemento para considerar el caso como delito de lesa humanidad y por lo tanto que no puede prescribir. Y lanzó: “Estos asesinos pusieron 5.200 bombas. Pretender que colocar una bomba no es una grave violación a los derechos humanos es intentar tapar el cielo con las manos”.

Sobre el cierre, Saint Jean admitió que el planteo por el plazo razonable es “el único punto con el que podría estar de acuerdo”, aunque aclaró que un eventual fallo en ese sentido “debería alcanzar también a la enorme cantidad de oficiales y suboficiales jóvenes que recibieron —dijo— el mismo trato que estos asesinos y terroristas”.